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Penalista dice que hay más de 300 reclusos con coronavirus; autoridades aseguran que solo son 68

Más de 300 privados de libertad han dado positivo a la prueba del coronavirus en Honduras, según el abogado penalista Marlon Duarte.

“Hay 300 personas contagiadas en Casa Blanca en la cárcel de Támara, hay que multiplicar por diez, cuántas personas estarían con el virus”, comentó.

Duarte informó que ha tenido información de los mismos privados de libertad sobre esa cantidad de personas contagiadas en las cárceles de Honduras.

“Yo he tenido información de privados de libertad de Támara, que existen reos que están tirados en los pasillo no tiene ni siquiera para una Panadol, la única salida de los privados de libertad en estos momentos es para el panteón o la morgue”, dijo el penalista.

Audio del abogado Marlon Duarte

Por su parte, la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que las cárceles del país se registran hasta la fecha 68 casos de coronavirus.

Un total de 65 privados de libertad con coronavirus se reportan en la Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto ubicada en Támara y tres en la cárcel de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán.

Diez médicos y diez enfermeras fueron contratadas para poder dar asistencia a los privados de libertad con coronavirus.

Audio de la vocera del INP, Digna Aguilar

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Tras muerte de seis reclusas, Conaprev llama a autoridades a tomar decisiones: “cárceles son una bomba de tiempo”

Tras la muerte violenta de seis privadas de libertad el fin de semana en Honduras, el director del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (Conaprev), Orle Solís, llamó a las autoridades hondureñas a sostener una reunión para tomar decisiones inmediatas en las cárceles del país, para evitar más violencia.

“El Consejo de Seguridad Nacional, el Conaprev y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deben reunirse para encontrar una solución al desorden del centro carcelario”, dijo Solís en entrevista para Diario Matutino.

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“Hay que actuar para establecer qué vamos hacer en el propósito de evitar tragedias. Debemos hacer un análisis profundo y rápido para tomar decisiones inmediatas”, indicó el titular del Conaprev.

Solís señaló que el principal problema del sistema penitenciario en Honduras es el hacinamiento.”Todos estos recintos son una bomba de tiempo”, manifestó.

A su vez, recordó que, desde que una persona es detenida bajo cargos penales, el Estado es el responsable de su vida y de la tutela de sus derechos humanos.

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Además, el experto cuestionó que la administración y seguridad de los centros penales estén en manos de militares, que a su juicio, “no tienen la formación para cumplir ese cometido”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, denunció que hay reclusas que están bajo amenazas de muerte, tras el asesinato de seis internas el fin de semana, por lo que, llamó a las autoridades a tomar acciones al respecto.

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Un caso positivo de coronavirus se reporta en la cárcel de Támara, Francisco Morazán

Un privado de libertad de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto ubicada en Támara, Francisco Morazán, ha dado positivo a la prueba de coronavirus.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informaron que el 10 de mayo realizaron la prueba de covid-19 a 11 privados de libertad que llegaron desde la zona norte del país.

De los 11 reos, uno salió positivo a la prueba de coronavirus, quien se encuentra estable y no presenta síntomas por los momentos, según Digna Aguilar, portavoz del INP.

Los otros diez privados que han dado negativo a la prueba del covid-19, se encuentran aislados, esto como una medida de bioseguridad.

Cortés, la zona norte de Honduras, se ha convertido en el epicentro de la pandemia, donde se contabilizan un total de 1,658 casos de coronavirus y 113 muertos a causa del virus.

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Suspenden visitas en cárceles de Honduras para prevenir contagio de coronavirus

Las autoridades penitenciarias determinaron el viernes, entre otras medidas, suspender hasta nueva orden la visita de familiares a los privados de libertad en Honduras, como prevención para evitar el contagio de coronavirus.

El jueves, el gobierno hondureño declaró emergencia sanitaria en todo el país después de confirmar dos casos de coronavirus.

“El Instituto Nacional Penitenciario (INP) tomará todas las medidas recomendadas para evitar que la población penitenciaria sea alcanzada por esta pandemia”, destaca un comunicado de la institución. 

Por ese motivo, el INP decidió suspender las visitas en todas las cárceles del país para prevenir cualquier contagio y de esa manera salvaguardar la vida de los reos, sus familiares, personal operativo y administrativo. 

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“De manera permanente se han impartido a las personas privadas de libertad, personal operativo y administrativo, charlas ilustrativas sobre la prevención, manejo y seguimiento del covid-19”, informó el INP. 

Y para prevenir cualquier tipo de contagio, las autoridades penitenciarias en coordinación con la Secretaría de Salud dotaron de mascarillas todos los recintos carcelarios para que las mismas sean utilizadas por las personas privadas de libertad y personal de seguridad al momento de trasladarse a citas médicas o audiencias judiciales.

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Hasta maquillaje para mujer decomisan a reos de la cárcel de Comayagua

El miércoles se llevó a cabo un operativo de registró en los hogares 1, 2 y 3 del centro penal de Comayagua, zona centro de Honduras.

En el lugar decomisaron dos teléfonos celulares, 13 punzones hechizos, 16 armas cortopunzantes y hasta tres pintalabios de mujer y sombras.

Asimismo, nueve cortaúñas, dos naipes, cuatro cucharas de metal y dos cargadores de celular fueron algunos de los objetos encontrados en poder de los reclusos.

Cárcel Comayagua
Cárcel Comayagua
El operativo finalizó a eso de las 6:30 de la mañana.

La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ya ha tomado el control del 70 por ciento de las cárceles de Honduras.

Las cárceles que se encuentran intervenidas son: la de Támara, Francisco Morazán,  “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara; “La Tolva” ubicada en Morocelí, El Paraíso, al igual que la cárcel Siria en El Porvenir, Francisco Morazán.

Asimismo los centros penales de Yoro, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Comayagua, Nacaome y de Intibucá.

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Estas son las cárceles de Honduras que están bajo el control de Fusina

La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ya ha tomado el control del 70 por ciento de las cárceles de Honduras.

Esta información la dio a conocer el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello.

La intervención del sistema penitenciario fue ordenada por el presidente Juan Orlando Hernández, luego de una serie de hechos violentos al interior durante el mes de diciembre.

Solo en el mes de diciembre del 2019, casi 50 privados de libertad fallecieron de forma violenta.

“Cuando se inició el proceso de aseguramiento, mando y control de los centros penales, se tomaron los cuatro centros penales más grandes del país”, dijo Coello.

 Detalló que a medida ha ido pasando el tiempo se ha ido tomando el control de otros centro penales.

Las cárceles que se encuentran intervenidas son; la de Támara, Francisco Morazán,  “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, “La Tolva” ubicada en Morocelí, El Paraíso, la cárcel Siria en El Porvenir, Francisco Morazán.

Asimismo el centro penal de Yoro, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Comayagua, Nacaome y de Intibucá.

“Se puede dar a conocer que se ha tomado el control de 70 por ciento de los centros penales que suman un total de 28 a nivel nacional”, concluyó Coello.

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Diciembre sangriento: casi 50 reos fueron asesinados en diferentes cárceles de Honduras

En el mes diciembre se registró la muerte violenta de 49 privados de libertad en diferentes cárceles de Honduras.

El primer hecho se suscitó el 4 de diciembre en el centro para menores Renacer ubicado en Támara, Francisco Morazán, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Durante el hecho cuatro jóvenes resultaron heridos, quienes fueron trasladados al Materno Infantil en Tegucigalpa.

Asimismo otro de los hechos, se registró el 14 de diciembre en el centro penal “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso, lugar donde cinco reos fueron asesinados con arma de fuego.

La muerte violenta de 20 privados de libertad se registró el 20 de diciembre en la cárcel de Tela, Atlántida.

Y el último hecho se suscitó, el 22 de diciembre en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, donde 20 reos fueron asesinados.

El Poder Ejecutivo declaró el martes 17 de diciembre emergencia en el sistema carcelario de Honduras.

La responsabilidad de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

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Cárceles: escenas del crimen

Las escenas horrendas en las cárceles ponen en precario la imagen de Honduras que, ante dicha eventualidad, se consolida como un país donde se violentan los derechos humanos de los privados de libertad en sumo grado.

¿Acaso la conclusión de toda esta historia es que ningún hondureño tiene garantizada la preservación de su vida, aún en los reclusorios o centros de internamiento para menores infractores?

Ésta es la gran interrogante que las autoridades no han podido responder ni justificar sin tambaleos. Son un fracaso total todas las acciones que en el pasado y en el presente se han puesto en vigor para tomar el control de las cárceles.

En lo que ha transcurrido de este año, casi medio centenar de privados de libertad han sido ultimados en los presidios, un hecho que no tiene antecedentes y que desnuda el canibalismo engendrado en dichos establecimientos.

Siempre hemos sabido que las cárceles se convirtieron desde hace muchos años en catedrales del crimen, nichos donde se trasiega con las armas y la drogas y en sedes de operación de los grupos delictivos.

El hacinamiento, la mora judicial y la colusión entre autoridades y agrupaciones del crimen organizado, son los factores que primordialmente han incidido en el entorno salvaje que prima en el sistema penitenciario.

Condenable resulta, ciertamente, la debilidad mostrada por el Gobierno y por las fuerzas élites que han relevado a los ineficientes comisionados del Instituto Nacional Penitenciario, más allá del supuesto y perverso boicot de los criminales para evitar que se ponga orden en la administración del aparato de reclusión.

Para recobrar el control en los reclusorios se requiere de acciones que trasciendan las medidas aisladas que han sido puestas en vigor para reducir la sobrepoblación, disminuir la mora judicial y emprender una política de reinserción de los convictos.

¿Blindar las cárceles otra vez? Por sí sola, esta opción no producirá el saneamiento de tales recintos, donde el caos es el orden del día. Son necesarias medidas más integrales para rescatar y depurar el putrefacto y errático sistema de privación de libertad.

¡Que no siga corriendo más sangre en las prisiones de Honduras, porque es una aberración que no puede ser tolerada!

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Un contingente de 2,000 militares y policías resguardan las cárceles: ¿misión imposible?

La violencia desatada en el sistema penitenciario desnuda la incapacidad para ejercer control y garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.

La única respuesta ofrecida ante las masacres ejecutadas en los recintos carcelarios es el reforzamiento de la seguridad. En las últimas horas fueron asignados 800 hombres más que se suman a un contingente de 1,200 militares y policías que habían sido nombrados para el mismo objetivo la semana pasada.

Un contingente de 2,000 efectivos tienen delegada la tarea de resguardar los centros penitenciarios a nivel nacional, una “misión imposible”, ya que en los establecimientos donde son enviados los privados de libertad se impone la ingobernabilidad. Son escenarios del crimen.

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En apenas dos días, 36 privados de libertad han sido asesinados en las cárceles de Tela, Atlántida, el viernes; y de El Porvenir, Francisco Morazán, el domingo.

La superioridad de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), ha relacionado las tragedias en las instituciones penitenciarias como una obra del crimen organizado que rechazan la intervención del sistema.

Grupos que tienen una opinión extrema, como es el caso del sacerdote jesuita, Ismael Moreno, han afirmado a través de sus redes sociales que las políticas de exterminio en las cárceles son lideradas por el mismo mandatario, Juan Orlando Hernández.

Lo cierto es que el Estado corre el inminente riesgo de recibir una tormenta de demandas por la violación a los derechos humanos en las penitenciarías y en los centros de internamiento de menores infractores.

A juicio de expertos en materia de seguridad, la administración de las cárceles tendría que ser asumida por civiles especializados, bajo el control de una comisión ad-hoc.

Y los militares y policías deberían tomar las tareas de investigación y de inteligencia para conocer quiénes son los responsables del caos en los reclusorios, aseveran los críticos.

Profesionales del Derecho consultados sobre lo que ocurre en las cárceles, son del criterio que los militares no están preparados para manejar el control de las mismas.

La situación del sistema carcelario del país es “oprobiosa”. Hay que identificar a los responsables y tomar impostergables medidas de control para que las masacres en los mismos no se repitan, se ha pronunciado -de su lado- el Comisionado de los Derechos Humanos.

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En la misma línea de pensamiento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa con alarma la violencia en los centros penales y ha demandado al Gobierno garantizar la vida de los procesados y condenados.

La Comisión contra la Tortura ha demandado medidas cautelares a favor de la población de las penitenciarías y de los centros para la rehabilitación de menores infractores.

¿Es la anarquía y el derramamiento de sangre en las cárceles el fiel reflejo de la ingobernabilidad generalizada en Honduras?

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Tragedia de presidio de Tela, Atlántida, confirma que el sistema penitenciario ya “tocó fondo

La escena trágica en la cárcel de Tela, Atlántida, que fue saldada con 18 muertos y casi una veintena de heridos, reafirma que el sistema penitenciario “tocó fondo”.

En esos recintos se perdió la gobernabilidad y se convirtieron en terrenos donde fluye la sangre, donde se violentan los derechos humanos y donde los mismos reos son los que marcan el orden del día.

El derramamiento de sangre no puede ocurrir más en los centros penitenciarios del país, a criterio de representantes de organismos de Derechos Humanos.

Expertos en criminología demandaron el desarrollo de una radiografía profunda del personal asignado a los puestos de control de los centros penitenciarios, porque -según condenaron- “es inconcebible” que se dé vía libre al ingreso de armas y de drogas.

Conocedores de la materia coinciden en que mientras no se haga nada para terminar con el problema del hacinamiento carcelario y, en general, reducir los índices de inseguridad, los presidios seguirán siendo “horrendas escenas del crimen”.

En el sistema penitenciario todo se salió de control. Cerca de veinte privados de libertad han sido asesinados solamente en las cárceles de máxima seguridad en los últimos meses.

Los Pozos, como se les dio en llamar a los módulos para los reclusos más peligrosos, ya fueron vulnerados y su gobernabilidad tomada por los mismos grupos criminales.

Está más que comprobada la ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

Apenas el fin de semana pasado, cinco internos del Pozo II en la zona oriental del país, fueron ultimados a balas, un hecho que ha venido a derramar más sangre y a demostrar que la crisis penitenciaria llegó a su extremo. Ya colapsó.

El sistema de reclusión ha sido declarado en emergencia, debido a la anarquía predominante y a la frecuencia con que se producen los escenas violentas. ¿Se pueden esperar resultados o, al final, todo quedará reducido a más palabras y menos acciones?

El ingreso de drogas y de armas es de “curso corriente” en los establecimientos carcelarios, al grado que -de acuerdo con versiones que han trascendido- las redes criminales realizan pagos de hasta medio millón para el trasiego de dispositivos de fuego y municiones.

En medio de este caos penitenciario, se resalta la sobrepoblación de procesados y de condenados. En los últimos dos años, el número de presidiarios se ha incrementado en trece por ciento en promedio.

Este conglomerado pasó de 19,000 en 2017 a 21,500 en 2019. Los reportes subrayan que la mayor parte de los inquilinos, acusados por delitos graves, están concentrados en las cárceles de Támara y El Porvenir, Francisco Morazán; Ilama, Santa Bárbara; y Morocelí, El Paraíso.

Las cárceles de Honduras, especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como centros de tráfico de drogas y de armas y de planificación y consumación de asesinatos selectivos.